abogados sabadell

Imagen de 8photo en Freepik.

APUNTES BÁSICOS SOBRE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA (I)

El pasado 25 de mayo entró en vigor la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda con la pretensión o finalidad de regular diferentes ámbitos del sector inmobiliario. Esta Ley es de una amplitud normativa considerable, si bien nos centraremos en lo que afecta a las relaciones arrendaticias.

Como hemos dicho ya, la Ley está en vigor, aunque aparecen dudas acerca de su alcance temporal en función del color político que adquiera a finales de julio el Gobierno de España.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO “ZONA TENSIONADA”:

Lo primero que debemos destacar es que el gobierno otorga a las Comunidades Autónomas la declaración de “zonas tensionadas”, a las que será de aplicación una serie de limitaciones (en relación al régimen de prórrogas de los contratos y tope de las rentas), precisamente porque las viviendas ubicadas en estas zonas reúnen unas características que “a priori” se configuran como ubicadas potencialmente en zonas en las que existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda (art. 18 de la Ley).

Nos impone la Ley que serán zonas tensionadas aquellas (previa declaración administrativa competente) en las que el coste de la hipoteca o alquiler de la vivienda (contando los gastos) superen el 30 % de los ingresos medios de los hogares de la zona o que el precio de compra o alquiler en los últimos 5 años haya experimentado un crecimiento acumulado de al menos 3 puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la CA.

Por lo que respecta a Catalunya, ya se ha iniciado el trámite para determinar los municipios considerados zonas tensionadas (la mayoría de ellos en el Área Metropolitana de Barcelona) y tras el trámite de información pública para que las administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones, se resolverá y se notificará la resolución al Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que la apruebe. Su vigencia será de tres años, con la posibilidad de prorrogarlo cada año mediante el mismo procedimiento. La propuesta publicada alcanza a 140 municipios de Catalunya en la que vive un 80,6 % de la población.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO “GRAN TENEDOR”: 

Otro elemento sobre el que pendula la aplicación de la nueva normativa es la definición de “gran tenedor”. El artículo 3, 2º K) de la Ley indica que lo serán las personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial (excluyendo en todo caso garajes y trasteros). 

Existe la posibilidad de limitarlo a 5 o más inmuebles de las mismas características en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado, eso sí, debidamente motivado por la Administración Competente. 

Dicho de otro modo, será gran tenedor aquella persona (física o jurídica) titular de 5 o más viviendas en zonas tensionadas o hasta 10 viviendas (o 1.500 m2) en zonas no tensionadas.

Sin duda la cuestión central de la norma es la contención de las rentas arrendaticias y la principal medida que adopta la Ley es desvincular la actualización de la renta del acuerdo de las partes y del Índice de Precios al Consumo (Disposición final 6ª), estableciendo una actualización máxima de un 2 % para el año 2023 y del 3 % para el año 2024. A partir de enero de 2025, las rentas arrendaticias se remitirán a un índice que debe crearse por la Administración y que pretende ser más estable e inferior al IPC.

Estas limitaciones sólo entran en juego de forma imperativa para grandes tenedores y a falta de acuerdo de las partes si no lo son, eso sí, con el límite máximo del 3 % en cualquier caso, sea o no una zona de mercado residencial tensionado.

Otra medida en la línea de contención indicada es la que hace referencia a que las rentas arrendaticias de los nuevos contratos suscritos bajo la vigencia de la Ley de la Vivienda, independientemente de si son de grandes o pequeños propietarios, únicamente en los que el inmueble se ubique en una zona tensionada, no podrán ser superiores a la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, prohibiendo fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior.

Existe alguna excepción a la regla anteriormente indicada, en el sentido de que, en caso de arrendador que no sea un gran tenedor, se podrá establecer un incremento del 10 % de la renta en contratos nuevos si se acredita haber realizado obras de rehabilitación, mejora de accesibilidad, etc. Se antoja que dichas obras deberán ser de una importancia considerable y bien justificadas.

Otra novedosa medida que complace y desagrada por partes iguales a inquilinos y propietarios, respectivamente, es la prevista en el artículo 20.1 de la Ley que imputa a los arrendadores el gasto de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

La Ley establece que finalizado el plazo de duración del contrato y el de sus posibles prórrogas, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, con un máximo de tres años sin posibilidad de variar las condiciones del contrato, prórroga que será imperativa para el arrendador, salvo que éste comunique en tiempo y forma legales la necesidad de ocupar la vivienda para sí o para sus familiares (primer grado de consanguinidad o para su cónyuge en caso de sentencia firma de separación, divorcio o nulidad) o se suscriba un nuevo contrato con las limitaciones de renta antes descritas.

La obligación de que los lanzamientos judiciales derivados de los desahucios tengan siempre día y hora previstos es otra de las novedades legislativas incorporadas, no como hasta ahora que los Juzgados acostumbraban a fijar el día, pero una franja horaria un tanto amplia.

En otro orden de cosas, la Ley establece una protección a los derechos de las personas especialmente vulnerables, acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales, articulación de mediación y alternativa habitacional, etc.; beneficios fiscales para propietarios afectados, así como, en otro orden de cosas, modificaciones en los procesos judiciales de desahucio, aspectos que trataremos en otra publicación.

REIAL DECRET-LLEI 21/2018 DE 14 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER (BOE DE 18-12-2018)

  1. Entrada en vigor i contractes afectats:

Dit Real Decret Llei va entrar en vigor el dimecres dia 19 de desembre de 2018 i afecta a tots els contractes d’arrendament d’habitatge que es signin a partir de dita data.

La part substantiva no afecta als contractes signats anteriorment, tant si estan dins del període de duració pactat pels contractants (de fins 3 anys de duració) o si estan en una pròrroga posterior (d’un any), llevat que les parts acordin expressament adaptar-se al nou règim.

  1. Duració mínima i pròrroga:

Malgrat que la Llei estableix que la duració del contracte serà lliurement pactada per les parts… si el destí primordial de la finca arrendada és el de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, s’estableix de forma preceptiva una duració mínima obligatòria de cinc anys pel propietari, si és persona física, i de set anys si és persona jurídica (abans d’aquest Real Decret Llei, la duració era de 3 anys en ambdós casos).

Un cop consumat el termini mínim obligatori, el contracte es prorrogarà per tres anys més, si bé la redacció del Real Decret és ambigua i no queda clar si al final de cada any de la pròrroga es pot plantejar la possibilitat d’interrompre la tàcita reconducció. Haurem d’esperar a que resolgui la jurisprudència sobre aquest tema per sortir de dubtes.

En tot cas, és important en aquest apartat informar a la propietat que si desitja recuperar la possessió d’un habitatge arrendat (ja sigui als 5 anys o als 7 anys segons la condició de l’arrendador), haurà de notificar fefaentment a l’arrendatari amb un mínim de trenta dies d’antelació la seva voluntat de no renovar-lo. És important aquest extrem tenir-lo en compte i no apurar el termini si realment la propietat té voluntat de recuperar l’habitatge arrendat.

  1. Despeses del contracte:

Si la part arrendadora és persona jurídica, les despeses de formalització del contracte seran a càrrec de la mateixa.

Si l’arrendadora és persona física, el Decret no disposa cap precepte especial, pel que es podrà pacta lliurement qui haurà de sufragar-los.

  1. Fiança i garanties addicionals:

Arrendaments d’habitatge………………. 1 mes de renda

Arrendaments d’usos diferents….……. 2 mesos de renda

La Llei estableix un límit màxim de dos mesos de fiança com a garantia addicional a l’obligatòria, en els contractes que preveuen la duració mínima (cinc o set anys segons la condició de la part arrendadora), si bé en contractes d’arrendament de duració superior a dits mínims legals, no existeix prohibició de pretendre fiances més àmplies o altres garanties com avals, etc.

També estableix el Real Decret que la fiança podrà incrementar-se en la mesura en que, transcorreguts els terminis obligatoris, hagi d’adaptar-se a la quantia equivalent a la renda vigent en dit moment.

  1. Desnonaments per manca de pagament.- Llançaments

Segons el nou Real Decret, en els procediments judicials de desnonament per manca de pagament de la renda (i també els desnonaments per finalització del termini si es tracta de l’habitatge habitual), el Jutjat haurà d’informar preceptivament a la part demandada de que pot acudir als serveis socials a efectes de comunicar la seva situació de vulnerabilitat i en cas de que l’Administració competent apreciés indicis de dita situació, ho notificarà al Jutjat que instrueixi l’expedient. En dit supòsit, el Jutjat suspendrà el procés judicial fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials estimin oportunes durant un termini màxim d’un mes de suspensió, en cas de que l’arrendador fos una persona física, o de dos mesos en el supòsit de que fos persona jurídica.

Una vegada adoptades les mesures o transcorreguts els terminis indicats, s’aixecarà la suspensió i continuarà el procés judicial.

  1. Impost de Transmissions Patrimonials dels contractes d’arrendament d’habitatge.

El Real Decret estableix una exempció de pagament de l’Impost indicat corresponent al contracte d’arrendament d’habitatge que fins ara havia de pagar l’arrendatari. Això no vol dir que s’hagi de presentar la liquidació pertinent davant l’Agència Tributària de Catalunya, però com “exempta”.

 

NOTA FINAL: Totes dites disposicions es refereixen al que constitueix l’habitatge habitual i permanent de l’arrendatari. Conseqüentment, no afecta als lloguers turístics pròpiament dits que es regeixin per una regulació específica.

 

A Catalunya i Illes Balears tot el relatiu a l'aspecte econòmic dels matrimonis, es regeix, mancant una altra previsió específica, pel Règim de Separació de Béns a diferència del que succeeix a gairebé tot el territori espanyol, que regeix com a sistema legal el de Guanys, excepte pacte en un sentit diferent de forma expressa.

En moments de crisis matrimonials, la Llei d'Enjudiciament Civil articula un procediment especial per a la liquidació del règim econòmic matrimonial de guanys consistent en què, davant la falta d'acord entre els cònjuges, es procedirà -una vegada dissolt el règim econòmic matrimonial per qualsevol de les causes previstes en la Llei i prèvia formació d'inventari de béns i obligacions-, a la posterior liquidació i divisió del patrimoni comú i la seva distribució per parts iguals entre els cònjuges.

Malgrat això, en el règim econòmic matrimonial de separació de béns els cònjuges no podran mai liquidar el règim econòmic matrimonial a través d'aquest procediment especial, doncs el mateix no genera la massa comuna de béns i drets al que es refereix expressament com a pressupost sine qua non per a l'aplicació del mateix.

No obstant això, a ningú se li escapa que el règim de separació de béns és perfectament compatible amb l'existència de determinats béns comuns a tots dos esposos, atès que habitualment coexisteix un patrimoni separat de cadascun dels cònjuges (béns privatius) amb la co-titularitat de determinats béns que es tenen en comú, màxim si tenim en compte que l'adquisició de béns immobles requereix un esforç que en la majoria dels casos no pot realitzar una sola persona. Ara bé, jurídicament en aquests supòsits únicament estem davant d’una comunitat de béns en la qual participen tots dos cònjuges en igual o diferent proporció, però no s'integren en cap règim econòmic matrimonial susceptible de liquidació.

Això implica que en aquests casos caldrà acudir a les normes de la divisió de la comunitat de béns a través del declaratiu ordinari i no a aquest procediment especial previst per al règim econòmic de guanys.

En el supòsit que la finca en copropietat  sigui la que fóra domicili familiar, també és habitual que en un procediment de Divorci, s'estableixi l'ús de l'habitatge de la qual tots dos són copropietaris a favor d'un dels cònjuges per un període de temps determinat o determinable, finalitzat el qual qualsevol d'ells vulgui destruir el vincle patrimonial i exigir l'extinció de la comunitat existent. Si al moment de produir-se el divorci, ja es va preveure la forma d'extingir aquesta comunitat, podríem accedir a un procediment d'execució de la Sentència per exigir la transmissió en la forma establerta (o subsidiàriament segons les previsions del Codi Civil de Catalunya), mentre que si no es va tenir aquesta cautela, haurem d'acudir a un procediment declaratiu ordinari d'extinció de comunitat.

Ara bé, encara que aquest ús de l'habitatge no hagi quedat extingit, també pot procedir-se a l'extinció del condomini sobre la mateixa en qualsevol de les formes permeses en Dret, però respectant el dret d'ús establert judicialment. Així ho té reconegut el TS (STS 14 de juliol de 1994) i l'Audiència Provincial de Barcelona (SAPB núm. 363/2014, Secció 12ª de 30 de maig) que estableix la compatibilitat de l'acció de divisió del domicili familiar amb el pronunciament d'atribució d'ús, havent de respectar-se la utilització concedida en favor de qualsevol dels cònjuges. Sens dubte, encara que es permet l'extinció del condomini, en la majoria de casos no reportarà cap benefici al co-titular que hauria de consentir aquest ús, ja per no interessar-li l'adjudicació al seu favor, ja per resultar molt complicat trobar un candidat a adquirent que li interessi un habitatge sense possibilitat de poder disposar d'ella.

JOSE MIGUEL GARCÍA GALLEGO. Advocat.

“INTERROGATIO IN IURE”, “Interpellatio  in Iure” o lo que es lo mismo, la facultad de solicitar de un heredero se pronuncie acerca de si acepta o no una herencia a la que ha sido llamado. Como equipo de abogados en Sabadell, vamos a entrar más en detalle sobre esta facultad.

Se trata de una herramienta jurídica para resolver el problema que surge cuando, por los motivos que fueren –que van desde el olvido o desidia hasta el fraude de acreedores- dicho heredero no se ha pronunciado sobre su voluntad de aceptar o repudiar la herencia relicta por su causahabiente.

El pasado 1 de marzo de 2017 entró en vigor la Ley 6/2015, de 13 de mayo de armonización del Codi Civil de Catalunya que modificaba la redacción de su artículo 461-12 y que puso fin a la ambigüedad existente hasta entonces desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria que establecía un nuevo cauce extrajudicial para la tramitación de este tipo de expedientes, que hasta fechas recientes era competencia exclusiva de los Juzgados en la Comunidad Autónoma catalana.

Actualmente es indiscutible que la competencia para tramitar este tipo de expedientes es exclusiva y excluyente de los Notarios (o Autoridades Consulares en funciones notariales), si bien es muy necesario el asesoramiento legal por parte de los Abogados, sobre todo por las consecuencias que se pueden derivar de la actuación del interpelado.

El artículo 461-12.2 del Codi Civil de Catalunya legitima a cualquier persona interesada en una sucesión para solicitar al notario que requiera al llamado a fin de que en un plazo determinado manifieste si acepta o repudia la herencia. Este concepto de interesado es muy amplio ya que comprende cualquier heredero, incluso el heredero condicional o el sustituto y otros herederos sucesivos, así como también cualquier legatario, legitimario, albacea, contador-partidor o quien acredite ser acreedor del causante, o acreedor del interpelado o de cualquier otro heredero, o incluso acreedor de un legatario.

En principio la interpelación puede solicitarse ante cualquier notario de España, pero el notario competente para cumplimentar la interpelación, incluso la interpelación por correo, lo es únicamente el notario que tenga competencia en el lugar designado por el interpelante para hacer la notificación, o bien en el lugar donde se preste a la notificación el interpelado.

El Notario, una vez transcurrido un mes a contar de la delación, mediante acta notarial de notificación o requerimiento intentará la notificación personal un mínimo de dos veces y, en caso no de resultar positiva la comunicación personal, se debe realizar por correo certificado y en último término mediante edictos publicados en los dos periódicos de mayor tirada. Ante la negativa del interpelado a hacerse cargo de la cédula, se le advertirá de que la interpelación se tendrá por realizada, sin perjuicio de que también pueda admitirse la interpelación mediata, es decir, mediante otra persona que se encuentre en el mismo domicilio y haga constar su identidad, y que consienta hacerse cargo de la cédula en sobre cerrado.

El requerimiento debe contener de forma expresa la advertencia de que, si el requerido no acepta la herencia, se entiende que la repudia. Asimismo, conviene testimoniar en el acta los certificados de defunción y últimas voluntades y el título sucesorio, en previsión de que el interpelado pueda no tenerlos, o incluso desconocer el fallecimiento o el llamamiento a su favor.

El transcurso del plazo de dos meses desde que se hace efectiva la notificación notarial sin que el interpelado haya aceptado la herencia en escritura pública, comportaría las consecuencias legalmente previstas. Es preciso remarcar que la consecuencia de no atender la interpelación tiene consecuencias distintas según la normativa aplicable: mientras en el régimen del Código Civil Español, la falta de aceptación conlleva la aceptación pura y simple de la herencia, en el régimen del Codi Civil de Catalunya se entiende que se repudia la misma.

Los dos meses que concede el artículo 461-12 del Codi no son exactamente un plazo para contestar el acta, pues el interpelado puede aceptar la herencia o repudiarla sin contestar el acta. El interpelado podría comparecer en plazo para contestar el acta sólo para para manifestar que tiene aceptada o repudiada la herencia, o que tiene solicitado el beneficio de inventario, en cuyo caso se limitaría a dar a conocer al Notario el protocolo de la escritura correspondiente. Si comparece para aceptar o repudiar en el acto, o para solicitar entonces el beneficio de inventario, no debía hacerlo en la propia diligencia de contestación del acta de requerimiento, sino que lo correcto sería que la diligencia expresase que la aceptación o repudiación o la solicitud del beneficio de inventario se formalizan en instrumento aparte y especificar su número de protocolo.

JOSE MIGUEL GARCÍA GALLEGO.

Advocat Associat

El Tribunal Suprem, mitjançant una recent Sentència de data 18 de juliol de 2017 (STS 2815/2017), ha establert, com ja ho venia fent en multitud de Sentències anteriors, que la negativa del demandat a sotmetre’s a les proves biològiques de paternitat, sense la presència de causa justificada, és un indici especialment valuós o significatiu que –juntament amb altres proves- permet declarar la paternitat del demandat obstruccionista. Cita dita Sentència la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la matèria (STC 7/1994, de 17 de gener) que, al referir-se a la prova biològica, expressa que “el reconocimiento médico de los caracteres biológicos de los interesados despliega con plenitud sus efectos probatorios en los supuestos dudosos, en donde los medios de prueba de otro tipo son suficientes para mostrar que la demanda de paternidad no es frívola ni abusiva, pero insuficientes para acreditar por sí solos la paternidad. En estos supuestos intermedios, en donde la pretensión del reconocimiento de la filiación ni resulta aprobada por otros medios, ni aparece huérfana de toda verosimilitud, es donde la práctica de la prueba biológica resulta esencial”.

El passat dia 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una Resolució en la que declara decisivament la nul·litat de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua municipal, sempre que no hi hagi increment de valor (el que evidentment s'haurà d'acreditar). Anteriorment, tal com també vam anunciar a la nostra web, el mateix Tribunal va dictar una sentència similar però al tractar-se específicament d’una norma foral del País Basc, la resta d’Ajuntaments van excusar-se afirmant que aquesta Resolució no els afectava, llevat d’algunes excepcions.

És important destacar que el TC no anul·la l’impost sinó la seva aplicació automàtica en casos en que no hi hagi hagut revaloració, doncs precisament aquest tribut es fonamenta tal com la seva mateixa denominació indica en “l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”, tot i que a la pràctica es girava la liquidació automàticament sense tenir en compte si el subjecte passiu i obligat al seu pagament, havia obtingut guanys o patit pèrdues amb la transmissió de la finca.

El Tribunal Constitucional considera que la Plusvàlua municipal vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica, doncs fins ara no es vinculava la seva tributació amb l’existència d’un increment real del valor del bé, “sinó amb la mera titularitat del terreny durant un període de temps”, és a dir que encara que la transmissió d’una finca (mitjançant una compravenda, per exemple) no hagués produït un increment de valor del bé, o inclús hagués produït pèrdues al seu titular, aquesta transmissió fins ara implicava el pagament de l’impost automàtica i obligatòriament; i segons el Tribunal, això impedeix al ciutadà complir amb la seva obligació de contribuir “d’acord amb la seva capacitat econòmica (article 31.1 Constitució Espanyola).

En base a aquests arguments, el TC declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei reguladora (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals), però “només en la mesura en que no han previst excloure del tribut les situacions inexpressives de capacitat econòmica per inexistència d’increments de valor”.

Amb aquesta resolució de l’Alt Tribunal, doncs, no només és contraproduent haver de pagar impostos per una operació que t’ha aportat pèrdues, sinó que també és inconstitucional, pel que totes les persones que han patit aquesta situació poden reclamar que es declari nul dit impost i per tant que se’ls retornin els diners que han pagat injustament i deixar de cobrar en el futur quan hi ha hagut pèrdues en el transmissió.

Tot i així, no els aconsellem deixar de pagar les liquidacions que es meritin a partir d’ara, ja que pot comportar interessos i recàrrecs, sinó procurar que ho estudiï un professional per tal de saber les possibilitats d’èxit de presentar un Recurs contra la liquidació de la plusvàlua en qüestió, ja que s’ha de mirar cas per cas.

En definitiva, si vostè és un dels afectats per l’aplicació automàtica d’aquest impost, pot venir al nostre despatx per tal de que l’assessorem el millor possible, essent indispensable que ens faciliti la següent documentació per estudiar el seu cas en concret i així poder valorar les probabilitats d’èxit:

  1. Liquidació pagada a l’Ajuntament en concepte de Plusvàlua per la transmissió, que es pretén reclamar.
  2. Còpia de l’escriptura d’adquisició.
  3. Còpia de l’escriptura de transmissió (Manifestació d’herència, escriptura de compravenda, o bé Decret judicial d’adjudicació, en el cas d’execucions hipotecàries).
  4. Rebut d’IBI de la data de la transmissió, de la finca en qüestió.
  5. Número de compte corrent a facilitar a l’Ajuntament per si realitza la devolució de forma voluntària.

Posi’s en contacte amb nosaltres i estudiarem la viabilitat de la reclamació. El bon advocat mai pot assegurar un resultat favorable, ja que aquest depèn exclusivament del Jutge o Tribunal que dicti Sentència, però sí que podem preveure les possibilitats d’èxit en funció dels fets objectius i els mitjans de prova dels que disposem.

Si vol reclamar, ara és el moment.

 

Marta Serra Montlló.- Advocada.

 

El passat cap de setmana, dies 6 i 7 de maig, Quintana Advocats Associats ha estat el patrocinador de la setmana, el que ha estat difós per @CESantNicolau a les seves xarxes socials:

 

Recentment hem comprovat l’existència de varis contractes d’ARRES que desafortunadament han hagut d’acabar en un procediment judicial. Aparentment la gent té l’opinió de que és un contracte senzill sense ulteriors problemes. No és així; aconsellem que ABANS DE FIRMAR ho consulteu amb un professional de confiança i per molta pressa que exigeixi el venedor per a signar, és aconsellable que no ho feu sense consultar-ho amb un professional expert en la matèria o, en últim cas, pagar com a PAGA I SENYAL la mínima quantitat possible, perquè si és alta, és quasi impossible resoldre el contracte si sorgeixen problemes amb la futura hipoteca del banc, càrregues registrals desconegudes o ocultades, o de qualsevol altre tipus.

El Tribunal Constitucional ha resolt que si no hi ha augment del valor de l’immoble, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) esdevé inconstitucional.

La Sentència del Tribunal Constitucional de data 16 de febrer del 2017 va obrir una escletxa per tal de recórrer les liquidacions de Plusvàlua que gravaven transmissions de finques que no havien generat cap guany o inclús pèrdues. A partir d’aquí, varis Tribunals de rang inferior han resolt en aquest sentit, anul·lant liquidacions d’aquest impost que grava “l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana” quan queda provat que aquest increment no s’ha donat.

Si creu que pot haver estat perjudicat per aquest Impost, posi’s en contacte amb el nostre despatx per a més informació sobre aquest tema.

crossmenu